Recientemente ha saltado a la actualidad un conflicto que llevaba tiempo gestándose entre el sector veterinario y el Gobierno español, a raíz de una polémica ley que limita el uso de medicamentos – en particular, antibióticos – que los profesionales veterinarios pueden recetar y istrar a los animales. Se trata del Real Decreto 666/2023, conocido popularmente como Ley del Medicamento o Ley de Medicamentos Veterinarios.
La ley, que parte de un reglamento de la Unión Europea para regular el uso de fármacos, ha generado controversia en España e Italia por el modo en que se ha aplicado. La normativa española que se desarrolló para aplicar este reglamento impone restricciones importantes a los veterinarios a la hora de istrar medicamentos, lo cual en situaciones urgentes puede poner en peligro la vida de los pacientes, como de hecho ya ha sucedido.
En España se han desatado fuertes protestas por parte de profesionales veterinarios y tutores de mascotas a raíz de la muerte en Galicia de una perra llamada Selva, cuyo tratamiento se vio frenado por las restricciones que impone la ley. Por otra parte, en Baleares, un veterinario ha sido sancionado con una multa de 90.000 euros por haber vendido medicamentos en la consulta sin atenerse al procedimiento que marca la normativa. Todo ello ha generado mucha preocupación por parte de veterinarios y otras personas, que piden que la ley sea derogada o modificada ya que pone en riesgo la vida de los animales.
El origen de la Ley del Medicamento y su aplicación en distintos países
La Ley del Medicamento tiene su origen en el Reglamento UE 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018 sobre medicamentos veterinarios. El objetivo original de dicho reglamento era, según recoge el Boletín Oficial del Estado en el que figura el nuevo decreto, “mejorar el mercado, la fabricación, la importación y exportación, el suministro, la distribución, la farmacovigilancia, el control y el uso de los medicamentos veterinarios, garantizando al mismo tiempo el más alto nivel de protección de la salud pública, la sanidad animal y el medio ambiente”.
Este reglamento fue aprobado a raíz de una preocupación concreta del sector sanitario: la resistencia a los antibióticos que se desarrolla cuando hay una exposición continuada. En concreto, los profesionales sanitarios advirtieron sobre la istración rutinaria de antibióticos a los animales de granja, los cuales pasaban a los humanos a través del consumo de productos de origen animal, en particular huevos y lácteos. A largo plazo, esto podría causar que las personas desarrollaran una resistencia a los antibióticos que disminuiría su eficacia, especialmente los de uso específico, es decir, que atacan a una bacteria en particular.
Los reglamentos europeos son de obligada aplicación en todos los Estados de la UE, sin necesidad de realizar una transposición a nivel nacional; es decir, se pueden aplicar tal cual los aprobó el Parlamento Europeo. Sin embargo, los países pueden desarrollar leyes o normas complementarias para regular aspectos específicos dentro del margen que permita el reglamento, y esto es lo que ha sucedido en países como España e Italia. En el caso de España, el Gobierno optó por implementarla mediante el Real Decreto 666/2023, que introdujo restricciones adicionales que no existen en otros países, como la prohibición de que los veterinarios dispensen medicamentos directamente o la obligación de hacer un cultivo previo antes de aplicar un antibiótico de uso específico.
Un Real Decreto es una norma con rango de reglamento que elabora y aprueba el Gobierno de España sin pasar por las Cortes ni someterse a una votación. Se emite cuando regula el modo en que se aplicará una norma de nivel superior, por lo que se considera que ya se ha votado (en este caso, por el Parlamento Europeo). Sin embargo, es habitual que los sectores a los que afecta no estén de acuerdo con ciertos aspectos, ya que a menudo consideran que no se ha contado con su criterio profesional; y eso es justo lo que ha sucedido con la Ley de Medicamentos Veterinarios.
Otros Estados han aplicado este reglamento de manera diferente, dando mayor margen al criterio de los veterinarios, lo que ha generado controversia en España y, en menor medida, Italia, que son los países que más limitaciones imponen a los profesionales. Muchos veterinarios consideran que esta ley, además de poner en cuestión su criterio profesional, ralentiza el tratamiento que debe recibir un paciente en casos de urgencia, ya que obliga a realizar un cultivo previo para justificar el uso de un medicamento específico: esto supone esperar varios días que pueden marcar la diferencia entre la supervivencia y la muerte de un paciente, además de un coste adicional para sus tutores.
El origen de las protestas actuales
En los últimos días la ley ha desatado numerosas protestas del sector veterinario en España a raíz de dos casos: la muerte de una perra llamada Selva en Galicia, cuyo tratamiento se vio ralentizado por la normativa española; y la primera sentencia firme a un veterinario por saltarse el procedimiento y vender un fármaco en clínica.
Selva era una perra de nueve años que el pasado 13 de febrero fue llevada a una clínica veterinaria en la localidad de Cee (A Coruña) tras ser mordida por otro perro. La nueva normativa obligaba a iniciar el tratamiento con antibióticos de amplio espectro y, en caso de requerir uno más potente, era necesario realizar un cultivo bacteriano para justificar su uso. Desafortunadamente, los resultados del cultivo llegaron días después del fallecimiento de Selva a causa de una sepsis, lo que impidió istrarle a tiempo el tratamiento adecuado que podría haberle salvado la vida.
Este no es el único problema de la ley, que contempla también una limitación importante respecto a los fármacos que pueden dispensar los veterinarios. La nueva normativa obliga a adquirir en farmacias muchos medicamentos que antes podían vender directamente las clínicas. Esto puede suponer un problema en casos de urgencias: por ejemplo, si la mascota debe empezar un tratamiento un día festivo, cuando la mayoría de farmacias están cerradas, solo se puede recurrir a las clínicas de guardia y, si estas no tienen el medicamento en cuestión, no podrán recibirlo hasta el siguiente día laborable.
Este es el caso de un veterinario de una clínica de Baleares ha sido sancionado con una multa de 90.000 euros por haberse saltado el procedimiento que marca la ley y haber vendido medicamentos en la consulta, lo cual está prohibido por la nueva ley. Aunque no es la primera multa que se aplica, sí es el primer caso de sentencia firme. Los veterinarios denuncian que la nueva normativa les aboca a un dilema ético: cumplir la ley sabiendo que esto puede costar la vida a un animal, o saltársela con el riesgo de exponerse a multas que oscilan entre 3.000 y más de un millón de euros.
Andreu Oliver, presidente de la patronal de las clínicas veterinarias de Baleares, expone así el gran problema al que se enfrentan: “Estamos obligados a usar solo los antibióticos de la categoría más simple y solo cuando fracasa el primer antibiótico o cuando llega el cultivo, podemos ir subiendo. Esto implica que a veces nos vemos obligados a usar antibióticos que no son óptimos, sabiendo que fallarán, pero si no lo hacemos así ni tan siquiera sabemos con seguridad a qué tipo de sanciones podemos enfrentarnos”.
Finalmente, otro motivo de protesta es el encarecimiento del tratamiento en caso de tener que istrar antibióticos específicos, por el coste adicional que supone el cultivo bacteriano. Los profesionales denuncian, además, que hace años que el IVA veterinario se mantiene en un 21%, el tipo más alto en España. Todo ello ha desatado protestas en varias ciudades de España, bajo el lema que salvar la vida de una mascota no debería ser un lujo ni un delito. Los veterinarios reclaman la derogación del Real Decreto para proteger la salud de sus pacientes y que se confíe en su criterio profesional a la hora de istrar fármacos, como sucede en otros países de la Unión Europea.
